Florida, el tercer estado con más indocumentados del país, tiene a partir de ayer una de las leyes antiinmigrantes más estrictas, aunque activistas trabajan ya para presentar una demanda judicial para lograr su anulación al considerarla inconstitucional.
La ley SB 168 prohíbe las llamadas ciudades “santuario”, que rechazan colaborar activamente con las autoridades federales migratorias en su proceso de deportar indocumentados.
La nueva norma exige a todas las agencias estatales, gobiernos municipales y departamentos de policía a hacer cumplir la ley federal de inmigración y también a trabajar con agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener y deportar a los inmigrantes.
En esa colaboración se incluyen los “detainers” o pedidos de ICE para que se mantenga en las cárceles para deportación a las personas detenidas, muchas veces por infracciones menores, aunque no exista una orden al respecto de un juez o un fiscal.
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